Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 31 funcionarios de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tramitaron contratos millonarios con empresas donde trabajaban familiares directos o en las que ellos mismos habían prestado servicios previamente, sin abstenerse de intervenir en los procesos. Estas irregularidades se detectaron en diversas regiones del país, incluyendo Los Ríos, Bío Bío, La Araucanía, O’Higgins, Los Lagos, Magallanes y Arica y Parinacota.
En la Región de Los Ríos, Claudia Alejandra Müller Soto, funcionaria de la Dirección Regional de Vialidad, gestionó pagos a empresas en las que trabajaba su cónyuge, mientras que José Rodrigo Mancilla Teneos, inspector fiscal, aprobó contratos con una empresa en la que había trabajado previamente. Estas acciones, según Contraloría, comprometieron la imparcialidad de los procesos y vulneraron la normativa vigente.
Uno de los casos más graves ocurrió en la Región del Bío Bío, donde Juan Carlos Oviedo, exdirector regional de Vialidad, aprobó contratos con una empresa en la que trabajaban su hijo, su padre y su esposa, y en la que él mismo había trabajado antes de asumir el cargo.
En otras regiones, se detectaron situaciones similares. En Magallanes, María Teresa Rodríguez Salazar firmó la adjudicación de un contrato a una empresa donde trabajaba su pareja. En Arica, funcionarios aprobaron pagos a compañías en las que tenían familiares directos, y uno de ellos, Rooney Miguel Focacci Yugo, utilizó su cargo para obtener beneficios personales, incluyendo la compra de carne, whisky y materiales de construcción.
Ante estos hallazgos, la Dirección Nacional de Vialidad del MOP anunció el inicio de sumarios administrativos y la implementación de auditorías y capacitaciones para reforzar la probidad y prevenir futuros conflictos de interés.